La horizontalidad entre consumidores y proveedores es el más alto de todos los objetivos del Código de Protección al Consumidor, Ley 8078/90, aunque esta preocupación se debe a la disonancia de la lingüística entre consumidores y proveedores, ya que tradicionalmente los medios de prueba han sido y están bajo el control de quienes poseen el capital, por supuesto, los proveedores. El Código de Protección al Consumidor debe analizarse en dos aspectos igualmente relevantes, el aspecto formal y el hecho, ya que la simple elaboración de la ley en sí misma no es capaz de alcanzar el éxito en el mundo de la vida sin la conciencia de los individuos afectados por el Norma legal no sucede. Por lo tanto, es muy importante evaluar qué distorsiones se producen en el mundo de la vida debido a la falta de conocimiento, la falta de conocimiento de la Ley y las acciones de mercadotecnia destinadas a engañar o distorsionar los conceptos básicos de la Ley del Consumidor en el mundo de la vida, especialmente las distorsiones que los derechos de La información y la educación pueden recibirse, tanto en la adquisición como en la disposición de los bienes. El propósito de este estudio es reflexionar sobre el Código de Defensa del Consumidor, en particular los derechos de información y educación sobre inconsistencias basadas en la negociación de la astucia y la planificación de mercadeo de los proveedores. Se buscará verificar si existe un discurso simétrico entre los consumidores y los proveedores casi veinte años después de la llegada del Código de Protección al Consumidor. Para ello, se utilizará desde una perspectiva interdisciplinaria basada en las contribuciones de Jürgen Habermas, Immanuel Kant, Theodor Adorno y Zygmunt Bauman.

O presente artigo analisa o problema da presença de geosmina na água ocorrido no Rio de Janeiro, fato que ensejou diversas demandas judiciais, e a questão da sua potabilidade e adequação para o consumo humano frente ao dever da Companhia fornecedora deste serviço e bem essenciais à vida e saúde humanas. Considera-se precipuamente o direito pátrio em vigor e os padrões de expectativa dos consumidores de modo a se proceder a uma interpretação de acordo com o princípio da dignidade humana.